Los fabricantes presionan a Bruselas para que los transportistas adopten camiones de cero emisiones
En el sector del transporte por carretera, se está librando una batalla importante entre fabricantes de vehículos, ecologistas y transportistas. La cuestión está en si la Unión Europea debería obligar a las empresas de transporte a incorporar camiones de cero emisiones en sus flotas. Y aunque esta idea no es nueva, ahora los fabricantes de vehículos están presionando con más fuerza para que se convierta en una realidad legal.
La Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos (ACEA) ha argumentado que el transporte pesado necesita incentivos urgentes para acelerar la renovación de flotas y reducir las emisiones de carbono. Según ellos, mientras el debate en Bruselas se ha centrado en los automóviles, se está dejando de lado a los vehículos industriales, que tienen un papel muy importante en la transición ecológica.
El objetivo de la Unión Europea es claro, y es reducir un 90% las emisiones de CO₂ en camiones y autobuses para 2040 en comparación con los niveles de 2019. Para ello, antes del 30 de junio de 2027, la Comisión Europea debe presentar un análisis sobre la necesidad de aumentar el porcentaje de camiones y autobuses de cero emisiones dentro de las flotas de grandes operadores logísticos.
Pero ACEA no quiere esperar tanto. Su propuesta es que se obligue a las empresas de transporte y a sus clientes a aumentar de manera progresiva el uso de vehículos sin emisiones y asegurar que cada vez más envíos se realicen con camiones eléctricos o de hidrógeno.
Por otro lado, la idea no gusta nada a los transportistas, quienes advierten que la infraestructura de recarga no está lista, que los costes de estos vehículos siguen siendo demasiado altos y que la tecnología aún no es lo suficientemente fiable para muchas rutas de larga distancia.
¿Es viable obligar a los transportistas a usar camiones eléctricos?
Desde el punto de vista de los fabricantes y de los grupos ecologistas como Transport & Environment, es un paso necesario para acelerar la descarbonización del sector. En cambio, los propios transportistas alertan de que esta medida puede generar costes desproporcionados, afectar la competitividad y crear problemas logísticos debido a la falta de infraestructura.
Para ACEA, la transición a los camiones de cero emisiones no puede depender solo de la buena voluntad de los transportistas. Su argumento es que, sin una intervención legislativa, la adopción de estos vehículos será demasiado lenta y no se cumplirán los objetivos climáticos.
Según sus datos, solo el 2,3% de los camiones de más de 3,5 toneladas vendidos en la UE son de cero emisiones, lo que demuestra que el sector avanza a un ritmo insuficiente. Además, advierten que los operadores de transporte, por sí solos, no van a asumir los costes adicionales de estos vehículos si no hay incentivos o normativas que los empujen a hacerlo.
Desde la perspectiva de los fabricantes, obligar a las empresas a usar camiones eléctricos o de hidrógeno no solo reduciría las emisiones, sino que también generaría economías de escala que harían bajar los precios de estos vehículos.
Otra de las propuestas es utilizar los mecanismos de financiación de la UE, como el Fondo de Innovación o el Fondo Social para el Clima, para ayudar a los operadores de transporte a invertir en camiones de cero emisiones.
En este caso, ACEA insiste en que no basta con ofrecer incentivos aislados, sino que debe haber una estrategia a largo plazo que garantice que los transportistas puedan acceder a financiación estable para renovar sus flotas sin arruinarse en el intento.
Peajes basados en emisiones de CO₂
Otra medida polémica es la implantación de nuevos peajes según las emisiones de CO₂, lo que haría que los camiones diésel pagaran más por circular en las carreteras europeas.
La idea es que los vehículos con emisiones más altas asuman un mayor coste, incentivando así a las empresas a optar por alternativas más limpias. No obstante, esta medida es impopular entre los transportistas, que ya están sometidos a altos costes y ven en esta propuesta una penalización injusta que afectaría su rentabilidad.
Un marco político coherente en toda la UE
ACEA también reclama que la política de transporte de la Unión Europea tenga una visión coherente en todos los Estados miembros. En la actualidad, hay diferencias palpables entre países en términos de incentivos, infraestructura de recarga y normativas sobre emisiones, lo que dificulta la planificación a nivel europeo.
Por ello, los fabricantes piden que las reglas sean iguales en todos los países, de modo que los transportistas puedan realizar inversiones con mayor seguridad y previsibilidad.
