Nuevo récord en la reducción de los plazos de pago a transportistas en febrero de 2025

Durante febrero se logró un nuevo récord en la reducción de los tiempos que tardan los clientes en pagar a las empresas de transporte por carretera en España. Según los últimos datos del Observatorio permanente de la morosidad que realiza mensualmente Fenadismer junto con la Fundación Quijote para el Transporte, el plazo medio de pago ha bajado hasta los 62 días, una cifra que ha dejado una gran mejora ya que se ha situado más de 20 días por debajo del promedio registrado en 2021, año en que comenzó a aplicarse el régimen sancionador contra las demoras en los pagos dentro del sector.
Además, el nuevo récord se acerca cada vez más al límite máximo legal de 60 días establecido para combatir la morosidad. De hecho, en febrero se redujo también el porcentaje de empresas que incumplen con los pagos establecidos, actualmente del 48% y en la mayoría de estos casos, las demoras son relativamente leves (entre 60 y 90 días). Aun así, todavía existe un pequeño porcentaje del 7% de empresas que pagan con retrasos superiores a los 120 días, aunque es una cifra menor comparada con la de 2022, cuando superaba el 20%.
Todo este avance pone de manifiesto de forma clara la efectividad que ha tenido el régimen sancionador contra la morosidad implementado en 2021 y ha permitido reducir los tiempos medios de pago en aproximadamente 20 días desde su puesta en marcha.
En cuanto a los métodos más utilizados para realizar estos pagos, las transferencias bancarias siguen siendo la opción favorita del sector con un 72%, seguido por el confirming (26%), y con mucho menor uso el pagaré (1%) y el cheque (menos del 1%).
¿Qué dice Fenadismer?
Por otro lado, Fenadismer ha accedido al borrador de un Real Decreto que entrará en vigor en 2026, que obligará a todas las empresas y profesionales a emitir sus facturas electrónicamente. Una de las grandes novedades que introduce esta normativa será la obligación de que los clientes comuniquen directamente a la Agencia Tributaria los plazos reales en los que abonan sus facturas. De esta manera, las autoridades podrán controlar mucho mejor el cumplimiento de la legislación contra la morosidad y así asegurar que los plazos sigan disminuyendo en beneficio del sector del transporte.